La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, establece la obligatoriedad de que las entidades del sector público y privado dispongan de canales éticos o de denuncias internos.

En España estos canales están destinados a denunciar infracciones de la normativa de la UE, además de las distintas tipologías de delitos e infracciones administrativas en las que puedan incurrir las organizaciones.

La implementación de un canal ético o de denuncias constituye un elemento esencial de un sistema de gestión de Compliance para identificar y corregir las deficiencias de una empresa y, principalmente, para la prevención y detección del fraude empresarial.

El canal de denuncias es la herramienta que permite que empleados y terceros ajenos a la organización puedan alertar confidencialmente sobre posibles conductas irregulares o delictivas.

Además del requerimiento legal del artículo 31 bis del Código Penal, el 17 de diciembre de 2021 entró en vigor en España y en el resto de países de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. En este nuevo marco legal, las empresas de más de 50 trabajadores, públicas y privadas, tienen la obligación de implantar un canal de denuncias adecuado a los exigentes requerimientos de la norma.