Las empresas se enfrentan a fuertes multas si no establecen un canal de denuncias
Las organizaciones que operan en nuestro país con más de 50 empleados podrían enfrentarse a multas que pueden llegar hasta el millón de euros si no establecen un canal de denuncias interno, según estipula la nueva Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que entra en vigor el 13 de marzo.
Esta normativa no sólo se aplica a empresas con más de 50 empleados, sino que también exige a las administraciones y entidades del sector público, empresas de cualquier tamaño que operen en el mercado financiero, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones que reciban fondos públicos, instalar un sistema de denuncias interno.
Sanciones y penalizaciones
El incumplimiento de estas obligaciones puede resultar en severas penalizaciones. Según la nueva normativa, la falta de implementación de un sistema interno de información se considerará una falta muy grave. Esto podría desembocar en multas económicas de hasta un millón de euros para las entidades jurídicas.
Las consecuencias podrían ser aún más graves, ya que las empresas infractoras podrían verse privadas de recibir subvenciones o de otros beneficios fiscales durante un plazo de hasta cuatro años. También podrían verse prohibidas de contratar con el sector público durante tres años y podrían enfrentarse a la publicación en el BOE de información relativa a la infracción vinculada a la empresa. Incluso podrían incurrir en responsabilidad administrativa si no cumplen con lo dispuesto en la norma en materia de protección de datos personales.
Plazos de implementación
En lo que respecta a los plazos para la implementación de este nuevo sistema de denuncias, las compañías que tengan entre 50 y 249 empleados tienen hasta el 1 de diciembre para cumplir con esta obligación. Por otro lado, las empresas de más de 249 trabajadores, la Administración y el resto de entidades afectadas, tienen 100 días desde la entrada en vigor de la ley.
En Cueva y Roza, nos especializamos en asesorar a las empresas sobre cómo adaptarse a estas nuevas obligaciones y asegurarnos de que comprenden completamente las implicancias de la nueva normativa. Ayudamos a las empresas a establecer canales de denuncia internos efectivos, asegurando que estas herramientas sean sencillas y accesibles, al tiempo que ofrecen altos niveles de seguridad, cifrado, confidencialidad y monitorización.
Si su empresa necesita orientación sobre cómo implementar un sistema de denuncias interno en conformidad con la nueva ley, o si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de las implicaciones de esta nueva normativa, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estamos aquí para ayudarle a navegar a través de este nuevo panorama legal y garantizar que su empresa esté en pleno cumplimiento de la ley.
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